Por: Laura Alejandra Suárez Ramírez (Periodista UIP)
El término inclusión se ha convertido en bandera de los proyectos de educación del país, y no es para menos, pues asegura el acceso a ella a todas las personas, incluyendo a quienes tienen algún tipo de discapacidad física o mental, y no las aparta como se hizo hasta años recientes. La Unidad de Investigación Periodística indagó con el Ministerio de Educación del país cómo va la inclusión en las aulas del sistema de educación pública.
En el año 2021, 9.979.271 niños, niñas y adolescentes que presentaban algún tipo de discapacidad se encontraban registrados en el Sistema de Educación Nacional. Teniendo en cuenta que Bogotá D.C es la ciudad con mayor cantidad poblacional cuenta con la cantidad más alta de estudiantes con discapacidad matriculados: un total de 1.263.840, pero departamentos como Antioquia, Cundinamarca y Atlántico no se quedan atrás, pues cuentan con 1.224.285, 619.040 y 567.005 niños, niñas y adolescentes matriculados en el régimen educativo, respectivamente; 101.203 niños, niñas y adolescentes padecen la discapacidad de déficit cognitivo, siendo esta la más presentada en todos los departamentos del país, seguida por la discapacidad psicosocial con un total de 34.753 matriculados.
Cualquier proyecto de inclusión implica docentes y otros profesionales capacitados. El Ministerio de educación presentó a la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial la solicitud de viabilización de planta temporal de docentes de apoyo pedagógico para la vigencia 2023, priorizando la creación de empleos temporales para docentes de apoyo pedagógico y la implementación de contratación de personas que generen apoyo a estos maestros, tales como intérpretes de lengua de señas y mediadores. Además de esto se busca la implementación de tecnológicas y didácticas que logren dar un apoyo considerable a cada una de las necesidades presentadas por los estudiantes.
Sin embargo, los datos no son alentadores: A la fecha se registran 226 cargos temporales de docentes para todo el país, y 884 cargos de docentes de planta nacional capacitados profesionalmente para el correcto manejo y acompañamiento educativo de cada niño, niña y adolescente que presenta algún tipo de discapacidad.
Según información del Ministerio de Educación en lo corrido de 2023 han generado una inversión de $3.000 millonespara la política de discapacidad e inclusión social, que se encuentra divida en dos estrategias:
La primera de ellas es: “Fortalecimiento de las condiciones para el logro de trayectorias educativas en la educación inicial preescolar, básica y media Nacional.” Esta ha recibido la suma de $500.000.000. La segunda estrategia: “Apoyo para fomentar el acceso con calidad a la educación superior a través de incentivos a la demanda en Colombia Nacional” ha recibido $2.741.251.936.
En la actualidad se intenta generar esta inclusión en la educación corriente mediante la llamada “Escuela integradora”, es decir, los niños, niñas y adolescente que padecen cualquier tipo de discapacidad asisten a instituciones educativas común y corrientes, pero realizan un proceso especifico con el fin de garantizarles las mismas oportunidades de participación, es por esto que además de capacitaciones se debe hablar de un nuevo cambio de mentalidad por parte de todos los factores involucrados, entre ellos docentes, padres de familia e incluso estudiantes con el propósito de realizar un trabajo conjunto mucho más eficaz.
Laura Alejandra Suárez Ramírez
Leidy Tatiana Castillo Romero
Santiago Rodriguez Vásquez
Juliana Castellanos Díaz